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El alegato de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio de la causa Vialidad, minuto a minuto | Contra el guión de los fiscales Luciani y Mola



Beraldi: «No podemos dejar pasar las mentiras grotescas que se han dicho»

«Cuando se trabaja con rigor, se llega a la verdad. Hicimos un trabajo con rigor y nos encargamos de aclarar cuestiones que como ustedes se están dando cuenta están inmensamente alejadas de la competencia que tiene un presidente de La Nación. No podemos dejar pasar todas estas mentiras grotescas que se han dicho», señaló Beraldi. 

Añadió: «En otras circunstancias estaríamos riendo a carcajadas de lo que pasó, lo que pasa es que han pedido 89 años de prisión en base a una acusación que se apoya en pruebas apócrifas. Esto no tiene vuelta atrás, no tiene retroceso. Yo quiero ser cuidadoso pero no puedo dejar de señalar que esto es gravísimo. Yo no se cuánta será la difusión que tendrán las consideraciones que hoy estamos haciendo, pero ustedes sí las escuchan y cuando dicten la sentencia van a tener que valorar cada una de estas cuestiones de manera objetiva».

Más pruebas que desmienten los dichos de los fiscales

El abogado Ary Llernovoy también presentó varios ejemplos para desmentir a la fiscalía. Entre ellos mencionó el expediente 1775/2013.

“La fiscalía dijo que fue una obra abandonada y que el monto fue de 10 millones de pesos y el ejecutado casi 8 millones de pesos. Dijo que supuestamente la obra se encontraba incorporada en el año 2013 pero que revisó y se advirtió que no estaba contemplado para ese año y que, por lo tanto, se mintió en el expediente”.

Agregó: “Si uno se toma el trabajo de ingresar a la página del Ministerio de Economía, pone presupuesto 2013, va al módulo específico que es el de la Dirección Nacional de Vialidad y busca la partida Menores de Seguridad Vial ve que la obra que la fiscalía está diciendo que no existe, en realidad existe”.

«El Congreso jamás fue engañado»

El abogado Carlos Beraldi dedicó un amplió espacio en su alegato a desmentir lo que denominó «apagón informativo», un recurso que, dijo, fue creado por la fiscalía para argumentar que el Congreso no era informado sobre las obras. En ese sentido, puntualizó: «El Congreso de la Nación jamás fue engañado: al debatir y sancionar cada una de las leyes de presupuesto contaba con información suficiente sobre el elenco de obras de todo el país que podrán ser financiadas a través de la partida ‘Obras por convenio con provincias”.

Esas mismas obras, subrayó Beraldi, “estaban identificadas en las leyes de presupuesto de la provincia de Santa Cruz”.

La falsa acusación del «apagón informativo»

Lo que hizo la defensa de CFK, continuó Beraldi sobre esas dos nuevas falsas acusaciones, es revisar y ver que ambos hechos son «absolutamente falsos». 

En la primera acusación, llamada «apagón informativo», los fiscales «dicen que entre 2003 y 2015 el Congreso sufrió un apagón informativo; dicen que en esas fechas el Congreso no tenía capacidad de control ni de ser informado sobre cómo se asignaban las partidas que el mismo Congreso votaba y cómo se ejecutaban».

Contrario a lo que dice la fiscalía, aseguró Beraldi, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner «se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer la información presupuestaria». 

Las obras investigadas, además, son «fácilmente identificables en las leyes de presupuesto». Beraldi también recordó que «en las planillas que se mandan al Congreso existen códigos presupuestarios y esos códigos son algo así como una especie de cédula de identidad que tienen las obras».

También mostró documentación técnica que desarma la acusación de los fiscales que sostienen que al Congreso se le informaba una subvaluación de las obras.

«La fiscalía ocultó deliberadamente todos los actos de gobierno a través de los cuales el Poder Ejecutivo redujo las partidas presupuestarias asignadas a las obras investigadas», resaltó Beraldi.

El abogado de CFK también dedicó varios minutos a mostrar ejemplos que desmienten la acusación de la fiscalía que sostiene que 17 obras directamente no fueron informadas al Congreso.

«Tras el fracaso de la acusación original, la fiscalía dijo ‘vamos a inventar algo rimbombante´»

Después de un cuarto intermedio, Beraldi continuó el alegato y advirtió que «frente al fracaso estrepitoso de la acusación original, que se basaba en decir que hubo fondos asignados a la provincia de Santa Cruz de manera fraudulenta, la fiscalía dijo ‘hay que inventar algo: vamos a salvar esto inventando algo nuevo, dos hechos que nunca fueron discutidos, y los vamos a denominar de una manera bien rimbombante cosa que después se replique y replique en los medios de comunicación para que se termine convirtiendo en verdad’. Este es el sistema que usan desde 2008». 

¿Cuáles son esos hechos? «El primero lo llamaron ‘apagón informativo’ y el segundo el ‘plan limpiar todo’», indicó el letrado. «Estas dos cuestiones introducidas de manera ilegitima por los fiscales a su alegato sin haber sido materia de discusión control y prueba durante el juicio son ilegales. Este fue el motivo por el cual nuestra acusada pidió ampliar indagatoria, pero se nos dijo que la etapa había fenecido. Pero para nosotros, no para la fiscalía que seguía ampliando su declaración», recordó. 

Reasignación de partidas a nivel ministerial 

Respecto a la acusación que pesa sobre la reasignación de partidas a nivel ministerial, Beraldi recordó que «la facultad de compensar partidas por parte de los ministros surge de la autorización que expresamente le otorga el Jefe de Gabinete a través de las decisiones administrativas que ‘abren’ el presupuesto”. 

Además, las compensaciones presupuestarias dispuestas por los ministros «deben ser notificadas a la Oficina Nacional de Presupuesto a efectos de que apruebe o rechace tales actos, luego de analizar su razonabilidad y legalidad«, precisó el letrado. «¿Hubo en el juicio alguna declaración que dijera que la presidenta o el presidente interfirieron en los órganos que autorizaban esta redistribución? No, no existen esos testigos sino muchos otros que dicen lo contrario», remarcó.

Y recordó, como nueva señal de «mala praxis», que la fiscalía no solicitó «ninguna medida de prueba dirigida a cuantificar con precisión y rigurosidad técnica cómo se distribuyó la inversión pública dispuesta mediante resoluciones del Ministerio de Planificación y la DNV entre los años 2003 y 2015″ y tampoco solicitó ninguna medida de prueba dirigida a verificar «cómo se devengó el gasto autorizado a través de tales resoluciones».

Giro en la acusación

Beraldi también apuntó contra el «giro en la acusación» de la fiscalía, que señala que «todo venía preestablecido por parte del Ministerio de Planificación».

“Es falso que todas las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete reconozcan como único órgano iniciador al Ministerio de Planificación”, aseguró, antes de mostrar documentos que desarman ese argumento.

Además, «hay que tener en cuenta que de todas las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete toman conocimiento diversas reparticiones del Estado y “se dictan con la intervención previa de la oficina nacional de presupuesto, el Ministerio de Economía, los servicios jurídicos y la Secretaría de Legal y Técnica».

«¿Una asociación ilícita que se sacaba dinero a sí misma?»

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, desarmó otra de las acusaciones de la fiscalía, que dice que «Néstor y Cristina hicieron uso del mecanismo de reasignación presupuestaria con el propósito de redireccionar recursos económicos de otras carteras del Estado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad, con el fin de que se pagaran a proveedores, entre ellos a Báez». 

Según la Constitución, indicó el letrado para desarmar esa acusación, «la ejecución del presupuesto es una competencia del jefe de gabinete» y no del presidente. Por eso «las decisiones administrativas de la jefatura de Gabinete» no son un delito, como señala la fiscalía, sino que «son actos imprescindibles para poder ejecutar un presupuesto», aseguró. 

Entre 2003 y 2015, recordó, la Jefatura de Gabinete dictó cientos de decisiones administrativas que redistribuyeron partidas presupuestarias «porque es algo habitual». Además, esas decisiones también incluían disminuciones en la partida presupuestaria». «¿Qué era entonces, una asociación ilícita que se sacaba dinero a sí misma?», planteó Beraldi, remarcando el absurdo.

El abogado también aseguró, a través de los testimonios de Sergio Massa, Jorge Capitanich, Alberto Fernández y Aníbal Fernández, entre otros, que los jefes de gabinete «no recibían instrucciones por parte de Néstor y Cristina para redireccionar partidas hacia la provincia de Santa Cruz». 

Mala praxis de la fiscalía

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, advirtió hoy que la fiscalía incurrió en mala praxis al intentar sostener una fantasía sobre que en el kirchnerismo se «hacía un Presupuesto para que gane Lázaro Báez». Aseguró que la acusación quedó «fulminada» ante las pruebas.

«La oposición presentaba las mismas obras y las mismas partidas, ¿cómo se sale del ríduclo?»

En el alegato, la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner deconstruyó el argumento de la posibilidad de direccionar la Ley de Presupuesto desde el Ejecutivo y luego pasó a revisar el proceso legislativo en el que presentó testimonios de los diputados opositores Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez, Ariel Oslvaldo Passini para sostener que «ningún legislador fue presionado o coaccionado para votar favorablemente las leyes de presupuesto».  Además, mostró proyectos alternativos de Presupuesto redactados por la oposición en 2010 y 2011 en los que se proponían los mismos montos y la misma nómimas de obras viales para Santa Cruz que las presentadas por el oficialismo. 

El abogado de la defensa Ary Llernovoy sostuvo que los documentos de los proyectos de  Presupuesto alternativos presentados por la oposición en 2010 y 2011 «fulmina la insólita acusación» de la Fiscalía respecto del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz como «vehículo de una asociación ilícita». 

Llernovoy repasó los proyectos alternativos presentados por la oposición en los que figuraban los mismo montos de dinero destinados a Santa Cruz y para la misma nómima de obras viales a realizar. «La distribución presupuestaria era debatida,y deliberada por los legisladores, no era algo definido por los ex presidentes», advirtió el abogado defensor y sentenció: «La decisión era de caracter política y había consenso entre oficialismo y oposición en las partidas a Santa Cruz».

Además, Llernovoy subrayó quiénes fueron los entonces diputados de la oposición que presentaron esos proyectos alternativos de Presupuesto y señaló que en 2011 lo hizo el ex ministro de Economía de Juntos por el Cambio Alfonso Prat Gay, mientras que el proyecto alternativo 2010 llevaba la firma del entonces diputado Juan Carlos Morán, una de los denunciantes contra la vicepresidenta por supuesta asociación ilícita. 

«La oposición presentaba las mismas obras y las mismas partidas, ¿cómo se sale del ríduclo?», valoró el abogado defensor Beraldi respecto de la acusación de los fiscales Luciani y Mola. 

«Se derrumba la fantasía de que una ley de Presupuesto se arma como dijo la Fiscalía»  

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner señaló durante el alegato uno de los argumentos centrales de la acusación de los fiscales Luciani y Mola, que construyeron «la fantasía de que Néstor y Cristina hacían un Presupuesto para beneficiar a alguien» y subrayó lo dicho por Luciani en su alegato respecto de que el Congreso tuvo «un rol marginal» en la aprobación de las leyes de Presupuesto durante las gestiones kirchneristas. 

Beraldi apuntó que esa acusación desnuda «la mala praxis en la que ha incurrido la fiscalía» y desplegó las declaraciones testimoniales convocadas por la defensa durante el juicio para evidenciar cómo se construye una Ley de Presupuesto a partir de la intervención de múltiples organismos del Poder Ejecutivo. «No es un proceso arbitrario, intervienen casi todos los órganos», indicó Beraldi y señaló: «Eso se puede judicializar, si esas normativas se cumplieron. Pero eso no se judicializó, porque estuvieron cumplidas». 

La defensa de Cristina repuso las declaraciones testimoniales, pedidas por al defensa, del entonces    titular de la Oficina Nacional de Presupuesto Luis Clemente Rajuán y del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quienes negaron la influencia o directivas emanadas de la Presdencia para direccionar la Ley de Presupuesto. 

También se repuso la declaración testimonial del Presidente y ex jefe de Gabinete Alberto Fernández respecto de la posibilidad de direccionar el Presupuesto por parte de la Presidencia:  «No quiero ser irrespetuoso, pero acá hay una fantasía de que se junten dos o tres personas y decían mendémosle plata alguien. Eso pasaba como si nada pasara. En los hechos es imposible de que ocurra», sostuvo el presidente en declaración testimonila y agregó: «Es lo que más me llama la atención de este juicio» . 

«Nos hicieron creer que el proceso de elaboración del Presupuesto es algo tan sencillo como que el Presidente se ponga a escribir», sentenció Beraldi y calificó el argumento de los fiscales de «grotesco». En ese tono, se preguntó «cómo se pudo haber construido una acusación sosteniendo que el Presupuesto era el objeto del delito».

«Es falso que el único empresario haya sido Lázaro Báez»

“Es falso que el único empresario (que realizó obras públicas) haya sido Lázaro Báez, porque hubo miles de empresarios” que participaron de ese proceso de años. Lo que ocurrió, agregó, es que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “hubo un crecimiento de realización de obras públicas” que fueron “producto de una política de gobierno”.

En este proceso “hay una acusación carente de pruebas y que además fue destrozada en este juicio por la evidencia objetiva”, puntualizó el abogado defensor.

La asignación de obras públicas a Santa Cruz

Luego, el abogado presentó varios tramos del alegato del fiscal Luciani en los que este opinó sobre cómo se debían establecer los criterios para gobernar y asignar qué obras se hacen en cuáles provincias. “Esto no puede hacerse en un juicio” porque “no existe ninguna norma que imponga límites al poder político para distribuir las obras”, tal como lo definió el presidente Alberto Fernández, quien hizo esta afirmación al prestar testimonio.

Luego cuestionó el criterio de Luciani, quien afirmó que Santa Cruz recibió más obras públicas que otras provincias más pobladas. “El criterio de población no es válido” para determinar qué obras debieran hacerse en ningún lugar, dijo Beraldi. Si así fuera, “todas las obras se concentrarían en las provincias centrales, que son las más pobladas”, sostuvo la defensa a través de un testimonio del gobernador de Chaco y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich”

Las «toneladas de pruebas» y los partidos de fútbol en la quinta de Macri

Beraldi recordó que hubo “nado sincronizado” entre las acciones de las distintas instancias y el juicio continuó hasta que apareció el alegato del fiscal Luciani, quien “obstruyó la verdad, se opuso a las pruebas (de la defensa) y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en 2008”.

Luego Beraldi cuestionó las “tres toneladas de pruebas” de las que habló Diego Luciani. “No se puede hablar de ‘prueba contundente’ porque la prueba haya sido pesada. Ninguno de los jueces y colegas sabe que la prueba es contundente por el peso en gramos que pueda tener”, dijo.

Denunció otro hecho “lamentable”: “Existieron actividades privadas de fiscales y jueces”, como los partidos de fútbol de los que Luciani y el juez Rodrigo Gimenez Uriburu jugaron en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri.

“Este es el panorama que nos encontramos y que vamos a desentrañar” para dejar en evidencia “cómo se construyó la acusación”, anticipó. “Llegó el momento de la verdad y que las cosas sean colocadas donde corresponden” porque “jugamos un partido en cancha inclinada”.

Sobre cómo “la Corte retrocedió”  

Beraldi recordó que la defensa denunció “irregularidades” en los sorteos de las causas y que “durante el proceso, todo lo que presentamos, medidas de prueba y excepciones de incompetencias, se nos rechazó”. Además, “hubo peritos recusados por falta de objetividad” y “doble juzgamiento” por supuesta asociación ilícita contra CFK, a contramano de lo establecido por la Justicia.

“No creo que en el libro Guinness haya una persona acusada cinco veces por el mismo delito”, indicó y cuestionó que “los técnicos que podrían explicar cada una de las cosas (ocurridas y que habían determinado la inexistencia de irregularidades) no están en este juicio”.

Así y todo, “la defensa nunca consintió ninguna irregularidad y agotó todos los tramos procesales” y recurrió a la Corte Suprema en 2019. Ante las advertencias de irregularidades, el máximo tribunal pidió el expediente pero al día siguiente “hubo un gran escándalo mediático, un grupo de vecinos fue a tocar las cacerolas, y entonces la Corte retrocedió: pidió el expediente, sonaron las cacerolas y retrocedieron”. De esa forma los supremos no avanzaron sobre los recursos de la defensa y dejaron que el juicio siguiera con las mismas acusaciones que habían sido desestimadas en 2008.

“Hubo una indebida intromisión del poder político”  

“Como no tenía ninguna imputación”, los investigadores fueron a “ver cuáles eran los empresarios de la obra pública” realizada, y ahí apareció Iecsa, la empresa del Mauricio Macri. “Esto preocupó a la gente de Iguacel porque habían ido a investigar a Cristina Kirchner y la investigación tomó un rumbo indeseable” para ellos. “Habían ido por lana y volvieron esquilmados”, definió Beraldi.

Recordó que el juez Ercolini puso a cargo a los fiscales Policita y Maiques, y demostró que ambos “forzaron una declaración indagatoria” de CFK a pesar de que al juez le pareció algo “tan grosero que dijo que eso no era suficiente”.

Aún así, los fiscales presentaron una denuncia en la que “se volvía a decir lo que se había dicho en 2008 (y fue desestimado): la asociación ilícita, el amigo empresario, la concentración de la obra pública y las irregularidades” en momentos que la esposa del juez trabajaba como vocera del entonces ministro (de Justicia Germán) Garavano”. “Denunciamos que había una indebida intromisión del poder político”.

La “justicia televisiva” y las idas y vueltas de la causa

Beraldi recordó causas similares anteriores a Vialidad en las que la Justicia determinó que “no había delito” pero que, aún así, fueron reflotadas por “la justicia televisiva” y por Javier Iguacel cuando asumió al frente de Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Iguacel “se hizo cargo de esas viejas denuncias”, dijo Beraldi y luego presentó la declaración de un testigo que admitió haber sido presionado por el funcionario. “Los auditores dijeron que no se evidencia deficiencias” en los contratos y obras y determinaron que “los desajustes de obras (encontrados) no se consideran relevantes”. Así fue como “Iguacel aún así se presentó en la Justicia e hizo la misma denuncia” que había sido desestimada.

También puso al aire la declaración de otro testigo que denunció que “no se utilizó y subvirtió el informe” que habían hecho los auditores y en los que no advirtieron irregularidades.

«Cuando uno busca la verdad, tarde o temprano esa verdad aparece»

Beraldi hizo hincapié en una frase del alegato de Luciani, que dijo ser la única con la que coincide con la fiscalía: «Cuando uno busca la verdad, tarde o temprano esa verdad aparece».

«No bajamos los brazos en ningún momento», remarcó Beraldi y destacó que «la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio» porque «quedó demostrado» que la acusación «carecía de verosimilitud» y fue «falsa y sin fundamentos».

Beraldi: «Escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación»

El abogado de la vicepresidenta cuestionó el latiguillo de las «toneladas» de pruebas que esgrimió el fiscal Luciani pero que no pudo mostrar en sus nueve jornadas de alegatos.

Las claves del alegato de la defensa de Cristina Kirchner 

Por Raúl Kollmann

Este lunes a las 8 de la mañana arranca el alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra vial en Santa Cruz. Lunes y martes será el turno de sus dos abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy, en tanto que Cristina será abogada en causa propia cerrando el alegato el viernes próximo. Todo será de manera remota.

Se trata de un alegato extraño porque a lo largo de tres años y tres meses que duró el juicio no hubo un solo testigo que la nombrara y que dijera que recibió una instrucción o una sugerencia respecto de las rutas santacruceñas o de Lázaro Báez, que ganó 51 de las 81 licitaciones. No se presentó tampoco un chat, un mail algún documento que indicara la intervención de CFK.

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CFK: «Escuchá atentamente cómo se desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola» 

La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó ayer a través de su cuenta de Twitter a seguir en vivo el alegato de sus abogados en la causa Vialidad.

«Mañana (por hoy), a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como “Vialidad”. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?», escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó el link para ver la transmisión en vivo por YouTube.



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