noviembre 28, 2022

La denuncia constitucional contra Castillo abre nuevos escenarios en Perú


El presidente Pedro Castillo y una crisis que no se detiene
El presidente Pedro Castillo y una crisis que no se detiene.

La denuncia constitucional de la Fiscalía del Perú contra el presidente Pedro Castillo colocó al Gobierno en uno de sus peores momentos, pues, aunque no hay por ahora razones legales para que el mandatario pueda ser sacado del cargo, se abre paso a nuevos escenarios llenos de dudas.

Para juristas como el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, la denuncia presentada el martes no debería conducir a una destitución o suspensión de Castillo, porque se basa en supuestos delitos que, según la Carta Magna, no califican para una acción de esas dimensiones.

“La Fiscalía puede presentar la denuncia constitucional, pero eso no significa que tenga éxito. Esta denuncia tendría que ser archivada en el camino porque escapa a las causales”, dijo Blume en el canal de televisión RPP.

La posición del constitucionalista se basa en que la denuncia es por supuesta organización criminal y tráfico de influencias, es decir, no incluye ninguna de las cuatro figuras por las que se puede acusar a un presidente en funciones, de acuerdo con la Carta Magna.

Esas figuras son traición a la patria, impedimento de un proceso electoral, disolución ilegal del Congreso y obstrucción al funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral.

“La Fiscalía puede investigar, pero creo que no puede ir más allá”, opinó Blume, de quien la exparlamentaria Marisa Glave destacó que “no es un ‘rojo’ o un ‘caviar’ (epítetos con que la derecha suele descalificar a sus adversarios)”, sino alguien que muchas veces generó polémica por su conservadurismo.

“Hay indicios graves de corrupción y debe haber investigación fiscal, pero saltarse la Constitución no solo afecta la legitimidad de las investigaciones, sino que debilita el Estado de Derecho. Esta no es la salida”, señaló Glave, quien desde la izquierda es crítica de Castillo.

Pero la oposición en el Congreso, según dan por descontado los analistas, tratará de encontrar la ruta para deshacerse de Castillo a partir de la denuncia, por lo que los pronósticos son complicados.

La fiscal general, Patricia Benavides, presentó el martes la denuncia, basada en investigaciones que apuntan al presidente como supuesto líder de una red diseñada para sacar provecho ilegal de las obras públicas.

La acción, que incluye a los exministros de Transporte Juan Silva y Geiner Alvarado y al expresidente de la petrolera estatal Petroperú Hugo Chávez, se basa en la adjudicación de un contrato para construir un puente y en la adquisición direccionada de biodiésel, aunque el Ministerio Público rastrea otros casos.

Ahora, la denuncia irá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que examinará su procedencia. En teoría, una acción de ese tipo, que nunca se había presentado contra un presidente en funciones, puede derivar en la destitución o suspensión.

Para analistas como Rosa María Palacios, lo mejor que le podría ocurrir a los opositores es que encuentren un camino para la suspensión, pues, a diferencia de una destitución, no implicaría la realización de nuevas elecciones, ya que en teoría Castillo podría regresar.

Así, y ante los procedimientos en marcha contra la vicepresidenta Dina Boluarte, el Gobierno quedaría “provisionalmente” en manos del presidente del Congreso, José Williams, miembro de las facciones que se oponen radicalmente a Castillo.

“Estamos asistiendo a otra etapa de un plan sistemático para vacar al presidente y dar un encubierto golpe de Estado. Esta denuncia constitucional, más que un fin técnico o jurídico, tiene un fin político”, afirmó en ese contexto el ministro de Justicia, Félix Chero.

El supuesto “golpismo” también fue denunciado por Castillo, quien dice no tener en sus planes abandonar el cargo o pedir asilo. El mandatario denuncia las supuestas arbitrariedades en su contra, que incluyen acciones judiciales y policiales hacia miembros de su familia.

la denuncia

La presentación de la denuncia constitucional fue el corolario de una intensa jornada en la que la Fiscalía desató acciones contra personajes del entorno de Castillo -incluida una hermana suya, cuya casa se allanó- y contra seis congresistas que supuestamente apoyan al Gobierno a cambio de participar ilegalmente en adjudicaciones de obras.

Según la Fiscalía, de la organización también forman parte los empresarios Alejandro Sánchez (prófugo), Abel Cabrera (detenido este martes) y Nenil Medina (preso) y 10 presuntos operadores, incluidos dos sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, y el exsecretario general de Presidencia Bruno Pacheco.

“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones”, justificó Benavides.

La fiscal general, acusada a su vez de supuestas maniobras para proteger a corruptos, ha estado involucrada en una “guerra” con el Ejecutivo, desde donde supuestamente se han tratado de potenciar los señalamientos en su contra.

En ese marco, desde el oficialismo se habla de una supuesta maquinación entre Benavides y los partidos de derecha que pretenden la caída de Castillo, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, los que hasta ahora no logran reunir los 87 votos necesarios en el Congreso (de 130) para destituir al presidente.

Esos 87 votos son difíciles sin la ayuda de la bancada que llegó al Congreso como oficialista y que, al margen de su ruptura en cuatro bloques, se mantiene con sus 37 miembros en la posición de no darle el “sí” a la vacancia.

Con la denuncia constitucional como respaldo, la oposición radical, que quiere la salida de Castillo sin que eso afecte la continuidad del Congreso hasta 2026, podría apostar ahora por la suspensión del gobernante, a la que sumaría la inhabilitación a Boluarte por mantenerse en la presidencia de un club privado siendo ministra, lo que está prohibido.

Sin embargo, los analistas advierten sobre los riesgos, pues, aunque Castillo tiene bajos niveles de aceptación popular y hay dudas sobre su honestidad e idoneidad, las resistencias son mucho mayores hacia un Congreso cuya impopularidad, según las encuestas, bordea el 90 %.

Perú está en vilo desde que Castillo, un profesor de 52 años que llegó al poder de la mano del partido marxista leninista Perú Libre, asumió en 2021. Desde entonces, coinciden los analistas, los choques entre el Gobierno y un Congreso con fuerte presencia de la extrema derecha han llevado al país a un empantanamiento.





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