La propuesta libertaria y sus fundamentos
Los diputados provinciales Guillermo Castello y Sebastián Pascual, del bloque La Libertad Avanza, presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para derogar la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado.
Según los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que la obligatoriedad de las capacitaciones “impone requisitos ajenos a la idoneidad necesaria para cada cargo público”, lo que consideran “una exigencia constitucionalmente irrazonable”.
Castello y Pascual compararon la situación con la posibilidad de exigir cursos de género a empleados bancarios o penitenciarios “sin que necesariamente posean formación en las tareas específicas que deben desempeñar”. Afirmaron además que la Ley Micaela no mejora la calidad institucional y calificaron como “absurdo” que la formación en género sea un requisito para ascensos o concursos en la administración pública.
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Críticas al “adoctrinamiento” y propuesta alternativa
Los diputados también plantearon que la norma actúa como “un caballo de Troya” que permite el ingreso de “militantes políticos” al Estado, con el objetivo de “adoctrinar” a los funcionarios mediante los cursos de capacitación. En ese sentido, propusieron que la formación obligatoria se centre en derecho constitucional y principios republicanos, al considerar que los errores jurídicos son “moneda corriente incluso en las más altas jerarquías del Estado”.
Qué establece la Ley Micaela bonaerense
La Ley Provincial 15.134, sancionada en marzo de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y prevención de las violencias contra las mujeres para todas las personas que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
La norma lleva el nombre de Micaela García, una joven asesinada en 2017 en Entre Ríos, y busca fortalecer la formación del Estado frente a las desigualdades y violencias de género. El Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense es la autoridad de aplicación y certifica las capacitaciones en los distintos organismos provinciales y municipales.
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El debate por la propuesta libertaria se da en un contexto de alta conmoción social una seguidilla de femicidios recientes en distintas provincias. En Córdoba, Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, fueron asesinadas el sábado en el barrio Villa Serrana. El presunto autor es Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien tras el crimen huyó con su hijo de 5 años y fue detenido en un hotel de Gualeguaychú cuando intentaba cruzar la frontera.
Hace menos de un mes, el país se estremeció por el triple femicidio de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Las jóvenes habían desaparecido tras subir a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Sus cuerpos fueron encontrados días después enterrados en una vivienda de Villa Vatteone, con signos de tortura y mutilaciones.
A este hecho se sumaron en los últimos días los asesinatos de Daiana Mendieta en Entre Ríos y de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca. En Pilar, en tanto, fue hallada Solange Sanabria Ventura, de 25 años, mutilada dentro de bolsas en su departamento.
De acuerdo con el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 167 femicidios en todo el país, la mayoría en el ámbito doméstico y con Buenos Aires como la provincia con más casos. Según el informe, el 59% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y el 63% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar.
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