Reclamo por financiamiento y deterioro salarial
Durante el encuentro, las y los representantes sindicales evaluaron la situación del sistema universitario y el impacto del ajuste aplicado por el Gobierno nacional. Según expresaron, las universidades atraviesan un desfinanciamiento que consideran “histórico” y que, de no revertirse, podría derivar en una crisis profunda.
El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, afirmó que “la situación de la universidad es sumamente crítica” y advirtió que sin una solución por parte del Ejecutivo el escenario podría agravarse en los próximos años.
El Plenario también analizó el deterioro salarial del sector docente y las acciones realizadas durante el año en defensa de las universidades públicas. Entre los puntos positivos, destacaron la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, elaborado en conjunto por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
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Las voces de la región
Eduardo Broto, secretario general de SITUNAB —el gremio no docente de la Universidad Nacional Guillermo Brown—, en diálogo con El Diario Sur, planteó que el desfinanciamiento universitario afecta de manera directa el funcionamiento cotidiano de las instituciones. “Desde diciembre del año 2023 estamos acorralados ante un presidente que no le importa la educación pública, que no le importan las universidades”, expresó.
Broto señaló que el congelamiento presupuestario complica incluso los gastos básicos de mantenimiento. “Esto nos perjudica a todos por igual. Si el presupuesto universitario se mantiene desde el año 2023, con lo que subieron los impuestos y los servicios estos años, ¿cómo se puede pagar la luz? Con el mismo presupuesto poder pagar la misma factura de luz o de cualquier otro servicio sería imposible”, afirmó.
El dirigente gremial describió que la situación no se limita a los insumos académicos, sino que compromete toda la estructura operativa. “Para mantener una universidad no solo son insumos. Necesitamos desde las resmas para las impresoras, para que el personal no docente y docente también pueda cumplir con sus funciones”, explicó. A eso se suma el aumento de costos en mantenimiento edilicio, limpieza y provisiones básicas. “Simplemente un rollo de papel higiénico en los baños, mantener en funcionamiento un ascensor, las reparaciones y el desgaste de los ascensores y de todo el edificio áulico y el edificio administrativo de todas las universidades”, enumeró.
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Broto también se refirió al deterioro salarial que atraviesan los trabajadores no docentes: «Los salarios quedaron muy por debajo de la inflación”, afirmó. Explicó que en la Universidad Nacional Guillermo Brown hubo compañeros que renunciaron en busca de empleos mejor remunerados y otros que sostienen emprendimientos personales para complementar ingresos y afrontar los gastos básicos.
El secretario aseguró que el gremio mantiene un estado de alerta permanente y recordó que, luego de la marcha universitaria, realizaron paros y otras medidas de fuerza. Sin embargo, planteó que esas acciones hoy no generan el impacto necesario: “Al presidente no le importa la educación ni los trabajadores”, señaló. Broto remarcó que una preocupación central es que los estudiantes terminan siendo “rehenes” del conflicto, ya que pierden días de clase sin tener responsabilidad en la situación.
“No es solo un reclamo de los trabajadores; hay una sociedad que acompaña a las universidades y apoya nuestros planteos”, afirmó.
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Rechazo a la censura y apoyo a la comunidad universitaria
Otro de los temas abordados fue la denuncia de censura en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Según CONADU, se eliminaron contenidos vinculados al Banco Nacional de Datos Genéticos, el derecho a la identidad y los Derechos Humanos dentro de la materia Biología Molecular e Ingeniería Genética. El Plenario expresó su rechazo a lo ocurrido y respaldó a la comunidad académica involucrada.
Además, la conducción de CONADU manifestó sus condolencias por el fallecimiento de las militantes Mónica Mendoza y Magdalena Fernández, reconocida trabajadora social de Lomas de Zamora, quienes viajaban en un micro que sufrió un choque en la ruta 2 cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular. También expresaron solidaridad con el resto de las personas que resultaron afectadas.
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